Desigualdad social, sociedades inviables

La pobreza es una lacra importante para una sociedad, pero el verdadero reto es acabar con la desigualdad social, fuente de fractura social y, por tanto, amenaza para la estabilidad o causa de conflictos sociales.

A principios de año, el propio Foro Económico Mundial en Davos alertaba, a través de su informe de riesgos globales, de los dos grandes peligros que suponía la crisis provocada por la COVID, más desigualdad y fragmentación social. La brecha entre ricos y pobres puede verse profundizada, poniéndose en peligro la cohesión social. Además de afectar gravemente a la cooperación global frente al cambio climático.

El director general del Foro Económico Mundial, Saadia Zahidi, destacaba la necesidad de «configurar urgentemente nuevos sistemas económicos y sociales que mejoren nuestra capacidad de resistencia colectiva y de respuesta a las perturbaciones, al tiempo que reducen la desigualdad, mejoran la sanidad y protegen el planeta«.

Del mismo modo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se hace eco del riesgo que supone la desigualdad social, tanto a nivel internacional entre países como al interior de los propios estados, ya que según el FMI se observa una aceleración de la divergencia dentro de los países, siendo los jóvenes, los trabajadores menos cualificados, las mujeres y los trabajadores informales los que están siendo más afectados durante la crisis. Esta gran divergencia que teme el FMI se debe a la importante pérdida de puestos de trabajo provocados por la pandemia y cuyas estimaciones podrían alcanzar más 400 millones de empleo en todo el mundo, según el foro de Davos.

Uno de los factores que evidencian el problema de la desigualdad social, según Piketty, es la pérdida de peso que sufren los salarios en el volumen de la riqueza total de un país. El salario real medio ha crecido en los últimos años por debajo de la productividad, siendo ésta una tendencia macroeconómica a largo plazo.

Según un informe de CCOO sobre desigualdad salarial en Aragón, la disminución salarial desde 2010 hasta 2019 ha supuesto un 8 %, devaluación salarial que se ha visto agravada por la pandemia.

Varios autores coinciden sobre la pérdida de peso de los salarios en relación al PIB español, incluso llegando a su nivel más bajo desde los años 90. El peso de los salarios en el conjunto de la economía ha disminuido paulatinamente, según varios analistas económicos, frente al excedente de explotación bruto y la renta mixta, aunque éstos no sólo tienen que ver con las rentas de capital. Pero lo que sí parece probado es que las rentas inmobiliarias se podrían haber cruadruplicado en los últimos 30 años. Y las rentas de capital han experimentado un crecimiento, aunque mucho menor. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala a España como uno de los países en los que las rentas salariales han perdido más terreno respecto al PIB en la última década.

La desigualdad salarial normalmente se mide a través del coeficiente de Gini (donde cero corresponde a la igualdad perfecta y 100 a la máxima desigualdad) hasta 2019 se elevó hasta los 33 puntos (datos INE), considerándose España de los países más desiguales de la UE, aunque no de los más pobres. Habrá que esperar datos oficiales para conocer cómo ha afectado la pandemia a este indicador, para confirmar si se ha situado por encima de los 50 puntos como están indicando algunos analistas. En Aragón habríamos alcanzado un 27,45 del coeficiente Gini, antes de la actual crisis.

El problema de la desigualdad social es que el ejercicio de derechos fundamentales como la alimentación, la vivienda, el acceso a la sanidad o la educación, se pueden ver afectados, quedando excluidos de su acceso grandes sectores de la población o acceder a servicios de baja calidad, ya que los sectores con poder adquisitivo alto podrán optar a servicios privados de mejor calidad, siendo relegadas las personas con carencia de ingresos a servicios públicos de baja calidad, puesto que la falta de recursos por parte del estado dificultará su mantenimiento en estándares adecuados, por ejemplo listas de espera en la sanidad, realidades de infravivienda, colegios públicos convertidos en guetos, sin posibilidad de interacción entre grupos de ascendencia social diversa.

Por lo tanto, estamos ante un condicionante, la desigualdad, que afecta a los mecanismos de participación de la ciudadanía, quedando excluida de ámbitos fundamentales. Ello paulatinamente afecta también a la salud democrática de los países, ya que la desafección política afecta mayoritariamente a las personas que sufren una mayor exclusión social.

Si caminamos hacia la consolidación de una sociedad fuertemente dualizada con un paro estructural importante y un subempleo elevadísimo, la desigualdad que esto puede generar, llevará también a las personas que la sufran, a experimentar una enorme inestabilidad en todas las facetas de su vida y en el día a día. La flexibilidad en todos los órdenes será absoluta, con lo que esto, como ya hemos visto, puede generar consecuencias en el comportamiento, en la forma de comprender la realidad y de afrontar las decisiones futuras. Se corre el riesgo de romper identidades, sentido de pertenencia a la comunidad y ausencia total de futuro, por lo que el desarraigo puede provocar un alto nivel de conflictividad social.

El malestar creciente alimentado por la fractura social que provoca la desigualdad, puede desembocar en violencia y afianzamiento de posturas políticas radicales o populistas. Así lo afirma el citado informe del Foro de Davos, “es probable que la brecha digital y una futura «generación perdida» pongan a prueba la cohesión social dentro de las fronteras, exacerbando la fragmentación geopolítica y la fragilidad económica mundial. Dado que cada vez se llega a situaciones límite o sin salida con mayor frecuencia, los encuestados de la GRPS calificaron el «colapso del Estado» y el «colapso del multilateralismo» como amenazas críticas a largo plazo”.

Así, la desigualdad social podría ser un grave freno para el desarrollo de nuestra sociedad, incluso para el propio crecimiento económico.

Afrontar el problema de la desigualdad social supone modificar la perspectiva utilizada para luchar contra la pobreza. Afrontar la desigualdad supone un desafío para la redistribución de la riqueza y no sólo enfocar la solución del problema desde prestaciones económicas para cubrir necesidades básicas o ayudas en especie. En el caso de la desigualdad social, el objetivo es favorecer la cohesión social y, por ende, favorecer una vida digna e integrada, no sólo sobrevivir.

Dado que el empleo está perdiendo fuerza en su función redistribuidora, será necesario, además de buscar fórmulas que estimulen el empleo, acompañar con otro tipo de medidas que puedan resolver el problema de la desigualdad, en aras de la cohesión social. Propuestas que intentaremos formular en siguientes posts.

Según lo comentado hasta ahora, otro objetivo claro es mantener los ingresos del estado con un nivel adecuado para ofrecer servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía de forma universal. Puesto que el acceso a los servicios públicos es otra de las vías fundamentales de redistribución de la riqueza.

Por lo tanto, otro desafío en esta materia será repensar el sistema fiscal de los estados, pero también, se hace urgente, acordar medidas a nivel internacional, evitando cualquier tentación proteccionista y sesgo nacionalista.