En los anteriores posts hemos puesto en antecedente el contexto socioeconómico actual. Estamos ante un proceso de cambio sistémico, por lo que las respuestas que se deban diseñar frente a la desigualdad social no podrán ser simples sino complejas, y contemplarse desde distintas perspectivas, vinculadas unas con otras. Empleo, coberturas sociales y fiscalidad deberán ir de la mano en este proceso de cambio.
Recuperar una mayor presencia del Estado en todos estos procesos resulta fundamental. La pandemia ha demostrado que la intervención del Estado está evitando una catástrofe mayor, al contrario que lo que ocurrió en la anterior crisis. Los ERTES, las vacunas, el refuerzo sanitario, han supuesto frenar un impacto mucho más negativo en todas las esferas socioeconómicas.
Si queremos afrontar el problema de la desigualdad social que además puede verse incrementada debido a la crisis sanitaria, tendremos que conjugar varias medidas complementarias dentro del ámbito del empleo, las prestaciones económicas y la fiscalidad.
Aunque el empleo haya perdido peso en el volumen de la riqueza nacional y haya perdido peso para la redistribución de la riqueza y como vía para la integración en la sociedad, deberíamos continuar considerándolo como uno de los pilares fundamentales para ello.
Así, por regla general, se suelen plantear dos opciones para fortalecer el empleo y para que continúe siendo una vía de redistribución de la riqueza: su reparto y su fomento, siendo ambas complementarias.
Hay quienes apuestan por la reducción de la jornada laboral como una de las opciones para el reparto del trabajo. En esta cuestión, siempre hay que analizar el coste empresarial que esto puede suponer y, por lo tanto, su viabilidad. En este momento de madurez de la IV revolución industrial, en el que un buen sector empresarial ya ha transitado con éxito en la digitalización de la mayoría de sus procesos productivos, la reducción de una jornada laboral quizá no tenga un gran impacto en la creación de nuevos puestos de trabajo, todo lo contrario, la reorganización del trabajo y de los procesos productivos o de servicios que permite la automatización, favorece en sí la reducción de horas de trabajo y, por lo tanto, la reorganización de la plantilla.
En estos casos, la reducción de la jornada laboral vendría a ser un argumento para apoyar el aumento de la productividad, ya de por sí impulsada por los avances tecnológicos. De hecho, varios analistas, entre ellos Rutger Bregman, ponen en evidencia cómo la tecnología ha aumentado el nivel de estrés y de horas de conexión al trabajo, dado que una persona trabajadora asume muchas más tareas y es capaz de gestionar más actividades gracias a los avances tecnológicos. En la economía del conocimiento, en la que la creatividad y la actividad intelectual juegan un papel fundamental, cuarenta horas semanales podrían ser demasiadas. Cuando Henry Ford, en el siglo pasado, implantó en sus fábricas la jornada laboral de 40 horas, descubrió que largas jornadas laborales y productividad no son compatibles.
De hecho, en los últimos años se ha incluido dentro de la prevención de riesgos laborales, los riesgos psicosociales, puesto que el estrés, la imposibilidad de control de los objetivos o de las tareas o la inmediatez, están generando serios problemas en la salud mental en las personas trabajadoras y, por ende, en la productividad.
En cualquier caso, lo que parece evidente es que debe ser el propio mercado laboral el que busque las medidas apropiadas para ser regulado, según apuntaba ya Ramiro Pinto en su libro La perestroika del capitalismo, porque cualquier medida que responda a otros fines bien sean políticos o sociales, tendrá una escasa repercusión o provocarán la reacción contraria a la que pretenden.
En este sentido, creemos que el reparto del trabajo es un planteamiento de escasa repercusión en este momento de la era de la automatización, ya que las empresas lo que podrían hacer como respuesta, es reorganizar el trabajo reduciendo incluso más la plantilla.
Por eso, la reducción de la jornada laboral ha de plantearse en clave de aumento de la productividad y, por tanto, del beneficio, tanto para la empresa como para la persona trabajadora. El aumento de coste que pueda suponer para la empresa una reducción de jornada se vería reducido por el aumento de la productividad e incluso por la reducción de la plantilla en algunos casos.
La reducción de la jornada laboral, manteniendo el nivel salarial actual, supondría en sí un aumento de salario, por lo que habría que buscar fórmulas que faciliten a las empresas la asunción de la reducción de jornada. Quizá una posibilidad sería pactar la congelación de salarios en los próximos años, hasta que las empresas consigan elevar la productividad y equilibrar el coste que les suponga la reducción de jornada.
Otra posibilidad como propone Rutger Bregaman es que las cotizaciones empresariales se calculen no por el número de personas contratadas, sino por horas totales de trabajo. Ya que puede haber situaciones en determinados sectores que la reducción de la jornada laboral conlleve la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo.
Esta cuestión sobre todo va a afectar a los sectores que todavía hoy necesitan fuerza de trabajo humana de manera extensiva como la hostelería, el servicio del hogar o la agricultura. Precisamente, estos sectores son los más precarizados en cuanto a temporalidad y jornadas parciales, cuando no de trabajo sumergido. Quizá habría que tratar de forma especial estos sectores y buscar soluciones adecuadas a ellos para incentivarlos, de tal manera que no se profundice en su precarización.
En cualquier caso, la reducción de la jornada laboral es una cuestión que requeriría de un pacto entre agentes sociales, en el que una y otra parte tendrían que ceder en sus condiciones actuales.
En cuanto a la estimulación del empleo, ya tenemos la experiencia de que las reformas laborales tienen una escasa repercusión para fomentar la creación del empleo, salvo ficticiamente, manteniendo situaciones obsoletas, a base de subvenciones o bonificaciones. El verdadero agente de creación de empleo es el sistema productivo y empresarial. Y ya hemos descrito ampliamente cual es el estado de la cuestión en este momento y en el futuro.
Podríamos apuntar alguna cuestión que puede incidir en este momento en un aumento de creación de puestos de trabajo, pero que no van a resolver en sí el volumen de personas desempleadas actuales y futuras. La propia reducción de la jornada laboral podría tener una incidencia en la creación de empleo en el sector del ocio, de los cuidados, la hostelería, la cultura, la formación, etc., ya que las personas trabajadoras dispondrían de más tiempo para dedicar a estas actividades.
Otro factor importante que tendría que tenerse en cuenta aquí sería, como hemos dicho anteriormente, el papel del Estado. En determinados momentos se ha puesto sobre la mesa la existencia de actividades que están fuera del mercado y que suponen un bien y un desarrollo para la sociedad, de utilidad pública, acciones que, en determinadas ocasiones, se cubren a través de la acción voluntaria o las que se desarrollan desde el concepto de reparación de daños para determinados penados, Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC). Acciones circunscritas al cuidado del medioambiente o de la comunidad y que no es posible cubrir con fórmulas mercantiles.
Una vez identificadas estas actividades, las administraciones públicas podrían sacar a concurso o subcontratar a empresas de inserción o centros especiales de empleo, fórmulas que ya existen y que han demostrado su eficacia a la hora de integrar a las personas más vulnerables de la sociedad, generando espacios de participación e integración social a través del empleo protegido. O incluso, si fuese necesario, adaptar la normativa que rige a las empresas de inserción para que su alcance fuese más allá de la inclusión laboral en el mercado ordinario, desde un nuevo concepto de servicios en beneficio de la comunidad.
Otra cuestión importante es la necesaria flexibilidad requerida por el actual modelo productivo y demandada por las empresas, flexibilidad tanto en temporalidad como en parcialidad de las jornadas laborales.
En este momento en el que está el debate sobre la reforma laboral y en la que, sobre todo, se cuestiona la existencia de varias modalidades de contrato, el elevado coste del despido y la alta temporalidad existente, cabría explorar una salida, con la necesaria vinculación a la Renta Básica que abordaremos en el siguiente post, ya que esta absoluta flexibilidad necesaria para el modelo productivo actual, dejaría de ser una dificultad si las necesidades de las personas estuvieran cubiertas siempre que quedaran en desempleo o no consiguieran uno. Es decir, garantizar la demandada flexibilidad por parte del mundo empresarial a cambio de seguridad en los ingresos para toda la ciudadanía.
Esta posibilidad generaría en sí un importante dinamismo, según reivindican los representantes de las empresas, puesto que de una vez se acabarían las limitaciones de los costes de personal, pudiéndose adaptar a las necesidades de producción en cada momento.
Pero esta situación quizá sólo podría asumirse con el desarrollo de una Renta Básica que permita mantener a toda la ciudadanía un nivel de vida digno y básico. De lo contario la alternativa será desempleo estructural y desigualdad creciente.
Francisco Yagüe Ágreda 